La Corte Constitucional revisará si el nombramiento de Alarcón fue legal
Ecuador. – La permanencia de Leonardo Alarcón como Fiscal General encargado ya no es segura. La Corte Constitucional, el máximo organismo de control legal del país, aceptó analizar si su nombramiento cumplió con la ley o si fue una jugada política fuera de reglamento.
¿Quién reclamó?
Todo nace de una demanda presentada por Andrés Quishpe, dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Él sostiene que las autoridades se inventaron competencias para poner a Alarcón en ese puesto, saltándose al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), que es el único que debería nombrar a estas dignidades.
La historia del nombramiento
Para entender el lío, hay que rebobinar a finales de 2025:
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Tras la renuncia de Diana Salazar, asumió Wilson Toainga.
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Toainga preguntó a la Procuraduría: “¿Qué pasa si yo falto temporalmente?”.
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La Procuraduría respondió en octubre que, como el CPCCS no había terminado el concurso oficial, el Consejo de la Judicatura podía elegir al reemplazo para que la Fiscalía no quede vacía (acefalía).
La polémica elección
Con ese “permiso” de la Procuraduría, la Judicatura (liderada entonces por Mario Godoy) escogió a Leonardo Alarcón. La crítica de la UNE es fuerte: Alarcón era el fiscal del caso Triple A y fue elegido por encima de otros fiscales con mucha más experiencia y trayectoria.
Ahora, los jueces constitucionales deberán decidir si la Procuraduría le “regaló” a la Judicatura un poder que no le correspondía y si la designación de Alarcón es válida o inconstitucional.
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