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Paola Pabón asegura que el Gobierno busca borrar una deuda de USD 1.000 millones con los GAD

Redacción
febrero 19, 2026 2 Min Read
23 0

Ecuador. – El debate sobre cómo se maneja el dinero en los municipios y prefecturas del país sigue subiendo de tono. La mañana de este jueves 19 de febrero de 2026, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, lanzó duras críticas contra el proyecto de reforma al COOTAD que se tramita en la Asamblea Nacional, calificándolo de inconstitucional y perjudicial para los más vulnerables.

Durante una entrevista en el programa Contacto Directo de Ecuavisa, la funcionaria aseguró que el verdadero objetivo del Gobierno Nacional no es mejorar la eficiencia de las alcaldías, sino “licuar” (borrar) la inmensa deuda que mantiene con los gobiernos locales.

¿Dónde está la trampa económica?
Pabón explicó en términos sencillos cómo esta reforma afectaría el bolsillo de las ciudades:

  • La deuda: El Gobierno debe unos USD 1.100 millones a municipios y prefecturas.

  • El recorte disfrazado: La reforma cambia la clasificación de los trabajadores. Personal clave que brinda servicios directos a la comunidad (como médicos, ingenieros, o las abogadas que atienden a víctimas de violencia en el proyecto Warmi Pichincha) pasaría a ser considerado “gasto corriente” (sueldos administrativos) en lugar de “gasto de inversión”.

  • El castigo: Al hacer este cambio, los gobiernos locales incumplirían la regla fiscal impuesta por la ley y serían castigados con un recorte del 16% de su presupuesto. Esta cifra equivale, casualmente, a unos USD 1.000 millones, casi lo mismo que el Estado les debe.

El mito de “prohibir las fiestas”
Uno de los argumentos del Gobierno para impulsar esta ley ha sido frenar el despilfarro en conciertos y eventos masivos. Sin embargo, la Prefecta desmintió que la norma logre este objetivo.

“Esta reforma no va a impedir la organización de fiestas ni el despilfarro en actividades culturales”, aclaró Pabón.

Explicó que si el Ejecutivo realmente quisiera prohibir esos eventos, habría modificado otros artículos de la ley (54, 64 y 41), y no el 198, que es el que financia la obra pública, los comedores comunitarios y los servicios de salud.

Un debate a puerta cerrada
Finalmente, la autoridad provincial cuestionó la falta de diálogo. Denunció que el Gobierno convocó a las autoridades locales apenas un día antes de que la reforma pase a segundo debate, e implementó un cambio de última hora para que los recortes apliquen desde este mismo mes de abril, y no en 2027 como se había prometido. “La Asamblea legisla a escondidas de la gente”, concluyó.

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