La nueva Ley de GAD divide al país y terminará en la Corte Constitucional
Ecuador. – Con la calculadora en la mano y el tiempo en contra. Así logró el bloque oficialista ADN y sus aliados, conseguir los 77 votos exactos para aprobar este 20 de febrero la Ley para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), un proyecto económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa.
Esta normativa promete cambiar radicalmente la forma en que los alcaldes y prefectos administran el dinero de sus ciudades y provincias, pero ha desatado una tormenta política que está lejos de terminar.
¿De qué se trata la famosa regla del 70/30?
El corazón de esta ley es ponerle un límite estricto al gasto local. De manera progresiva, las alcaldías y prefecturas estarán obligadas a destinar el 70% de su presupuesto a inversión (obras) y solo un 30% a gasto corriente (salarios y administración).
La gran polémica radica en la “letra chica”: la ley cambia lo que se considera como inversión. Por ejemplo, el dinero que los municipios usaban para contratar personal temporal para ejecutar obras o proyectos sociales ya no entrará en ese 70%, lo que ha encendido las alarmas en varias autoridades locales.
“El dinero debe ser para la gente”
Desde el Gobierno, la aprobación se celebró como una victoria contra la burocracia. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró que “cada dólar que administran alcaldías y prefecturas deberá transformarse en obras y servicios”.
La bancada oficialista ADN también salió al frente de las críticas, negando que la ley prohíba invertir en educación o salud. Además, cuestionaron duramente a aquellas administraciones locales que, en el pasado, han llegado a gastar excesivamente en nómina mientras la ciudadanía carece de servicios básicos. Por su parte, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), aunque apoyó el proyecto en general, reconoció que excluir la contratación de personal para obras fue un error y anunció que brindará asistencia técnica a los municipios para adaptarse a esta reforma.
La oposición anuncia batalla en la Corte Constitucional
Del otro lado de la orilla, el rechazo es frontal. El correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y una facción de Pachakutik votaron en contra.
Los líderes locales de la Revolución Ciudadana fueron los más críticos. Pabel Muñoz, alcalde de Quito, advirtió que la medida es un golpe directo a la autonomía de las ciudades y pone en riesgo la atención a sectores vulnerables. “Defenderemos a las familias más necesitadas y sus servicios de desarrollo infantil, salud mental, atención a adultos mayores y cultura”, sentenció.
En esa misma línea, Paola Pabón, prefecta de Pichincha —quien acudió a las afueras del lugar del debate en Samborondón para protestar—, aseguró que “quienes pierden hoy no son los prefectos o los alcaldes; pierde el país”. Ambos bloques políticos confirmaron que su siguiente paso será demandar la inconstitucionalidad de la ley ante la Corte Constitucional.
Por ahora, el documento pasará a manos del presidente Noboa para su firma final y publicación en el Registro Oficial, marcando el inicio de un nuevo, y muy debatido, modelo de gestión local en Ecuador.
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