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Pabel Muñoz y cientos de quiteños marchan a la Corte Constitucional para frenar reformas de la Asamblea

Redacción
marzo 5, 2026 2 Min Read
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Quito. – La tensión entre los gobiernos locales y la Asamblea Nacional llegó a las calles. Este miércoles, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, lideró una multitudinaria marcha desde el parque El Arbolito hasta la sede de la Corte Constitucional (CC) con un objetivo claro: presentar una demanda de inconstitucionalidad para tumbar las recientes reformas al Cootad (la ley que rige a los municipios y prefecturas).

Acompañado por cientos de ciudadanos y al ritmo de la banda de paz de la Unidad Educativa Municipal Sucre, el Alcalde llegó a la institución judicial para alzar su voz de protesta.

“La Asamblea no nos escuchó”
Frente a sus simpatizantes, Muñoz fue tajante al recordar que los legisladores aprobaron esta ley el pasado 20 de febrero sin molestarse en recibir a los alcaldes y prefectos para escuchar sus preocupaciones.

El principal reclamo del burgomaestre es que la nueva normativa intenta meter a los 222 cantones del país “en el mismo saco”, ignorando que ciudades como Quito manejan competencias gigantescas que otros no tienen.

¿Qué está en juego para los capitalinos?
Para entender el impacto, Muñoz puso sobre la mesa las cifras de los servicios que administra el Municipio y que podrían verse afectados:

  • Educación: 20 colegios municipales que albergan a más de 27.000 estudiantes y 1.000 docentes, además de 14 Centros de Educación Inicial.

  • Salud y cuidado: Tres centros de salud y cerca de 100 centros “Quito Wawas” que atienden a unos 5.000 niños, incluyendo servicios de médicos, nutricionistas y psicólogos.

Una lluvia de demandas
Con el respaldo oficial del Concejo Metropolitano, la petición de Pabel Muñoz a los jueces de la Corte Constitucional es directa: que dejen sin efecto estas reformas de manera inmediata hasta que se emita un fallo definitivo.

Esta acción legal no es un caso aislado. La polémica reforma de la Asamblea ya acumula siete demandas de inconstitucionalidad presentadas por diferentes instituciones y organizaciones sociales, incluyendo la reciente queja de la Prefectura de Pichincha.

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