Suspensión de Revolución Ciudadana genera reacciones y denuncias de persecución política
Ecuador.- La decisión de suspender provisionalmente al movimiento político Revolución Ciudadana volvió a generar tensiones en el panorama político del país. La medida fue dispuesta por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, quien ordenó retirar temporalmente a la organización del registro permanente de agrupaciones políticas que administra el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La resolución fue emitida el viernes 6 de marzo de 2026 y establece una suspensión por nueve meses mientras se tramita una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón.
El recurso está relacionado con una investigación previa por presunto lavado de activos que involucra a dirigentes vinculados a la organización dentro del denominado caso “Caja Chica”.
Reacciones políticas y críticas a la decisión
Tras conocerse la resolución judicial, legisladores cercanos al movimiento cuestionaron la medida y denunciaron lo que consideran una persecución política.
El asambleísta Juan Andrés González afirmó que su organización ha participado en las audiencias y ha presentado los descargos correspondientes dentro de los procesos abiertos. Según sostuvo, la agrupación política estaría enfrentando un trato diferente en comparación con otros movimientos del país.
“Es una persecución constante. Hemos venido luchando y presentando todos los descargos que son importantes”, expresó el legislador.
González indicó además que Revolución Ciudadana continuará compareciendo ante las instancias judiciales y electorales mientras analiza las acciones legales que podrían adoptarse frente a la suspensión. Aunque no detalló una estrategia específica, señaló que recurrirán a los mecanismos institucionales disponibles y mantendrán la movilización de respaldo ciudadano.
El asambleísta también cuestionó el funcionamiento de varias instituciones del Estado, al señalar que, a su criterio, existe una concentración de poder en diferentes funciones públicas. Desde su perspectiva, la decisión busca limitar la participación política de su organización y debilitar lo que considera la principal fuerza de oposición en el país.
Pronunciamiento desde Pichincha
Por su parte, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, reaccionó a través de un mensaje difundido tras conocerse la resolución del TCE. En su pronunciamiento advirtió que la decisión “sienta un precedente nefasto para el país”.
Según señaló, la medida no afectaría únicamente a una corriente política específica.
“No atentan contra el correísmo, atentan contra el derecho de miles de ciudadanos a elegir por un proyecto político coherente y comprometido con el Ecuador”, indica el mensaje.
El comunicado también cuestiona el rol de las instituciones dentro del actual conflicto político y advierte que estas deben garantizar derechos y no convertirse en herramientas que influyan en la participación política ni en el debate democrático.
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