La RC Proponen ley para buscar a personas desaparecidas en máximo 30 minutos
Ecuador. – Cuando un ser querido no regresa a casa, cada segundo cuenta. Sin embargo, en Ecuador, las familias suelen enfrentarse a un sistema burocrático que exige esperar hasta 48 horas para oficializar una desaparición. Para cambiar esta dolorosa realidad, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de reforma profunda a la Ley de Personas Desaparecidas.
La iniciativa, impulsada por la asambleísta Ana Cecilia Herrera, nace como respuesta directa a la reciente sentencia de la Corte Constitucional por el caso ‘Las Malvinas’, donde cuatro niños desaparecieron en Guayaquil tras la intervención de una patrulla militar.
Los 4 cambios clave que propone la reforma:
Para dejar atrás el sistema actual (calificado como tardío y fragmentado), el proyecto plantea las siguientes soluciones prácticas:
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Acción inmediata (Cero esperas): Se elimina definitivamente la regla no escrita de esperar 48 horas. Los protocolos de búsqueda deberán activarse en un tiempo máximo de 30 minutos desde que se pone la denuncia.
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Alerta Nacional obligatoria: Se creará un sistema de difusión urgente que obligará a los medios de comunicación y redes sociales a publicar la alerta de desaparición de forma inmediata.
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Tecnología y Municipios: Se implementará una plataforma única nacional que conecte a todas las instituciones en tiempo real. Además, los Municipios (GAD) estarán obligados a sumarse a las labores de búsqueda en sus territorios.
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Apoyo después del rescate: A diferencia de la ley actual, la reforma exige que, una vez localizada la persona, el Estado le garantice atención médica, apoyo psicológico y medidas de protección.
Tensión en la Asamblea por el control del caso l
A pesar de la urgencia del tema, el camino legal tiene sus roces políticos. La Asamblea declaró el 8 de diciembre como fecha en memoria de los niños de ‘Las Malvinas’, pero la mayoría del Pleno decidió enviar la fiscalización del caso y el tratamiento de estas reformas exclusivamente a la Comisión de Seguridad.
Esta mesa legislativa es presidida por el oficialismo (Inés Alarcón) y, por resolución, ninguna otra comisión podrá intervenir en la investigación. Ahora, esta comisión tiene el reloj en contra: cuenta con un plazo de 30 días para presentar un proyecto final que incluya la prohibición de ocultar información y la obligación de presumir “desaparición forzada” cuando existan sospechas de que agentes del Estado están involucrados.
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