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Corte Constitucional alerta presiones institucionales en medio de investigaciones a magistrados

Redacción
abril 1, 2026 2 Min Read
22 0

Ecuador.- En un contexto marcado por investigaciones sobre presuntas inconsistencias patrimoniales de altos magistrados, la Corte Constitucional del Ecuador emitió un pronunciamiento en el que reafirma su compromiso con el Estado de derecho y alerta sobre un entorno de presiones institucionales que, según advierte, podría comprometer la independencia judicial.

A través de un comunicado difundido este 1 de abril de 2026 desde Quito, el organismo subrayó que la institucionalidad democrática y la plena vigencia de la Constitución son pilares inquebrantables de su actuación. En ese sentido, enfatizó que cualquier proceso de control patrimonial debe ejecutarse con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia de funciones.

La Corte precisó además que sus juezas y jueces han atendido todos los requerimientos dentro de los canales institucionales, aclarando que no le corresponde anticipar criterios respecto a procesos que aún se encuentran en curso.

No obstante, el organismo expresó su preocupación por lo que describe como “presiones institucionales sostenidas” desde 2025, las cuales podrían afectar la autonomía judicial. Frente a ello, recalcó que la independencia de la justicia constituye una garantía esencial del sistema democrático, por lo que exigió que las acciones de control se desarrollen con rigor técnico y respeto a las competencias constitucionales.

En paralelo, el pronunciamiento se da en medio de las actuaciones de la Contraloría General del Estado, que tras exámenes especiales a declaraciones juramentadas correspondientes al período 2020-2025, detectó presuntas inconsistencias económicas en los patrimonios de los jueces constitucionales Alí Lozada Prado y José Luis Terán.

Según el organismo de control, ambos magistrados no habrían podido justificar el origen de miles de dólares, lo que motivó la remisión de los expedientes a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones penales correspondientes.

En su comunicado, la Corte también hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y vigilante en defensa del orden constitucional, señalando que la fortaleza institucional depende del compromiso responsable de todos los actores públicos.

El desarrollo de este caso se produce en un escenario de alta sensibilidad política y jurídica, donde el equilibrio entre los mecanismos de control y la independencia de funciones vuelve a situarse en el centro del debate nacional.

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