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Seis organizaciones políticas de El Oro enfrentan denuncias en el TCE por presuntas infracciones electorales

Redacción
abril 6, 2026 3 Min Read
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El Oro.- El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá resolver una serie de denuncias por presuntas infracciones electorales que involucran a seis organizaciones políticas de la provincia de El Oro, relacionadas con el manejo y presentación de sus informes económico-financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

Las acciones fueron remitidas por el director de la Delegación Electoral de El Oro, Mario Ruano, quien presentó las denuncias al organismo electoral en función de lo establecido en el artículo 81, numerales 1 y 4, de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia).

Durante la tarde de este lunes 6 de abril se realizó el sorteo de causas, mediante el cual se asignó a distintos jueces del TCE la responsabilidad de analizar cada expediente y determinar posibles sanciones o responsabilidades. Los representantes legales y responsables económicos de las organizaciones deberán presentar sus respectivos descargos dentro del proceso.

Distribución de causas

La causa 057-2026 fue asignada al juez Ángel Torres, e involucra al Movimiento Instauración del Desarrollo (MID), lista 125, del cantón Chilla, representado por Edison Patricio Nagua Nagua y con Julia Paola Macas como responsable económica.

En la causa 058-2026, a cargo del juez Juan Patricio Maldonado Benítez, se procesa al Movimiento Bolivariano de Restauración Fronteriza, lista 102, representado por Wilmer Albarracín Elizalde y con Gido Estuardo Sarango Torres como responsable económico. Esta organización está vinculada al exalcalde de Huaquillas, Ronald Farfán, quien buscaría retornar al cargo en los próximos comicios.

La causa 059-2026 quedó en manos del juez Guillermo Ortega y corresponde al Movimiento Autonómico Regional (MAR), lista 70. Su representante legal es el exasambleísta provincial Montgomery Luis Sánchez Ordóñez, junto a Roddy Patricio Encalada Maldonado como responsable económico. No se descarta que esta organización pueda establecer alianzas políticas de cara a las elecciones, especialmente con la Revolución Ciudadana.

Por su parte, la causa 060-2026 fue asignada al juez Joaquín Viteri, e involucra al movimiento Renovación Democrática Balsense, lista 132, representado por Juan Carlos Ordóñez Gallardo y con José Ramírez Loayza como responsable económico.

La causa 061-2026 será conocida por la jueza Ivonne Coloma Peralta y corresponde al Movimiento Progreso para Piñas (MPP), lista 104, liderado por el exalcalde Jaime Granda Romero. Sus representantes son José Luis Gallardo Moscoso y Elsa Feijóo Zambrano.

Finalmente, la causa 062-2026, también a cargo del juez Juan Patricio Maldonado Benítez, involucra al Movimiento Independiente Progresista Pasaje (MIPP), lista 103, representado por Víctor Vicente Guzmán Barbotó y con Fernando Salvador Tomaselli como responsable económico.

Contexto electoral

Estas acciones se desarrollan en un contexto de revisión más amplia del sistema político ecuatoriano. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha impulsado procesos de control a nivel nacional, que ya han derivado en sanciones y suspensiones a varias organizaciones.

Entre los casos más relevantes está la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC5), así como los procesos que enfrentan Unidad Popular y Construye para evitar quedar fuera de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha señalado previamente que los controles se extenderán a nivel provincial y cantonal, lo que anticipa un escenario de mayor fiscalización para las organizaciones políticas en todo el país.

Las resoluciones del TCE en estos casos serán determinantes para definir la participación de estas organizaciones en los próximos comicios seccionales.

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