ADN bloquea fiscalización sobre presuntos ataques de EE. UU. a pescadores ecuatorianos
Ecuador. – Una sesión que prometía respuestas para varias familias manabitas terminó en un bloqueo político. Este martes 14 de abril, el Pleno de la Asamblea Nacional dejó fuera de su agenda el debate para investigar las graves denuncias de presuntos ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas.
La solicitud de fiscalización, impulsada por el legislador Fernando Cedeño, buscaba esclarecer hechos catalogados como “actos criminales” en aguas internacionales, pero una maniobra legislativa dejó el tema en el limbo.
El “blindaje” en el orden del día
¿Cómo se frenó el debate? Las reglas de la Asamblea permiten realizar un máximo de tres cambios en el orden del día por sesión. La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados utilizaron rápidamente esos tres cupos para proponer mociones de respaldo directo a la gestión del presidente Daniel Noboa (en temas de economía, seguridad e inteligencia policial).
Al aprobarse estas tres propuestas de apoyo con hasta 80 votos, se agotaron los espacios disponibles. Automáticamente, la solicitud para investigar el caso de los pescadores quedó descartada sin siquiera llegar a ser discutida por los asambleístas.
Drones, explosiones y desaparecidos: Las denuncias
El pedido de fiscalización intentaba arrojar luz sobre el drama que vivieron las tripulaciones de tres embarcaciones: Don Maca, Negra Francisca Duarte II y Fiorella.
Según los duros testimonios de los sobrevivientes, fueron interceptados y presuntamente atacados con drones y cohetes por fuerzas identificadas como militares estadounidenses. Uno de los casos más impactantes es el de Erick Coello, un joven de 27 años que perdió el 90 % de su visión a causa de las explosiones. Los denunciantes también aseguran que fueron encapuchados, maltratados y entregados a las autoridades de El Salvador.
La angustia es aún mayor para las familias del buque Fiorella, cuyos ocho tripulantes continúan desaparecidos desde enero de 2026 sin que exista una explicación oficial.
Críticas por un “silencio cómplice”
Ante el archivo indirecto del tema, el legislador Cedeño cuestionó duramente la postura del Gobierno, acusando a la Cancillería y al Ministerio de Defensa de guardar un silencio cómplice. Según el asambleísta, se están priorizando las buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos por encima de la defensa de la soberanía nacional y la vida de los ciudadanos.
Por ahora, la posibilidad de exigir formalmente una nota de protesta diplomática o de gestionar una reparación integral para las víctimas y sus familias ha quedado en pausa dentro del Parlamento.
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