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Javier Pincay y su defensa dan pelea para seguir al frente de Portoviejo

Redacción
abril 24, 2026 2 Min Read
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Portoviejo. – El ambiente político en Portoviejo está agitado, pero su alcalde, Javier Pincay, ha salido al paso para pedir calma. Tras la reciente decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que revivió la polémica sobre su cargo, Pincay envió un mensaje de unidad a los ciudadanos, asegurando que su equipo legal ya está trabajando para defender su permanencia y que él seguirá trabajando “con más fuerza y profundo amor” por la ciudad.

¿De qué se le acusa y cuál es el castigo?
El problema viene de una sentencia de junio de 2023, donde el TCE determinó que Pincay cometió una falta electoral grave. El castigo fue doble: una multa de $9.450 y la suspensión de sus derechos para participar en política por dos años.

La defensa: “El castigo ya se pagó en la práctica”
El abogado de Pincay, Roosevelt Cedeño, sostiene una tesis clara: el alcalde ya cumplió su pena. Según la defensa, no solo se pagó la multa, sino que la suspensión de derechos políticos ya ocurrió de forma real.

Como pruebas, presentaron documentos del CNE que confirman que Pincay no pudo votar ni en la Consulta Popular de 2024 ni en las Elecciones Generales de 2025. Además, el Ministerio del Trabajo registró su impedimento desde agosto de 2023. Para sus abogados, seguir aplicando la sanción hoy sería volverla “infinita”, lo cual es ilegal.

¿Pierde el cargo de alcalde?
Esta es la pregunta que todos se hacen. La defensa es enfática: NO. Explican que el TCE suspendió sus derechos como ciudadano (como el derecho al voto), pero en ningún momento ordenó expresamente que fuera removido de su puesto como alcalde.

De hecho, en una aclaración del propio Tribunal en 2023, se admitió que la pérdida del cargo no fue resuelta en la sentencia original. Sacarlo ahora, según Cedeño, sería alterar lo que el juez decidió inicialmente y afectar la voluntad de los miles de portovejenses que lo eligieron.

¿Qué sigue ahora?
El equipo de Pincay no se quedará de brazos cruzados. Si no logran que el TCE les dé la razón, planean acudir a la Corte Constitucional e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que se están vulnerando sus derechos fundamentales. Por ahora, Pincay se mantiene en su despacho, mientras el tablero legal define el futuro de la capital manabita.

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