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Pabel Muñoz anticipa presuntos intentos de bloqueo a su participación en las elecciones seccionales

Redacción
junio 18, 2026 2 Min Read
19 0

Ecuador.- El alcalde, Pabel Muñoz, encendió el debate político este jueves 18 de junio al denunciar públicamente una presunta estrategia para inhabilitar su candidatura en los próximos comicios. Durante un reciente pronunciamiento, el burgomaestre aseguró categóricamente que sectores opositores “van a intentar detener mi participación” en las venideras elecciones seccionales, anticipando un escenario de fuerte conflictividad legal y administrativa en su contra.

Las declaraciones de la primera autoridad de la capital ecuatoriana apuntan a una supuesta persecución impulsada desde diversas esferas políticas. Según la perspectiva del funcionario, los adversarios a su actual administración buscarán emplear herramientas jurídicas y denuncias sistemáticas para sacarlo definitivamente de la papeleta electoral, frenando así cualquier intención del movimiento político que representa de retener la Alcaldía de Quito para un nuevo periodo de gestión.

Para contrastar el peso de estas afirmaciones y analizar el escenario legal del alcalde, es preciso revisar los antecedentes jurídicos recientes que han marcado su mandato. En el transcurso de 2024, Muñoz ya enfrentó un proceso formal ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por incurrir en infracciones tipificadas. En aquella ocasión, el organismo de justicia electoral falló en su contra tras comprobarse su participación directa en actos de proselitismo político a favor de la excandidata presidencial de su bancada, mientras ejercía sus funciones como alcalde.

Los datos de dicha resolución judicial refutan la narrativa de una persecución institucional absoluta o un bloqueo sistemático, demostrando la aplicación del debido proceso. La sentencia ejecutoriada por el TCE no incluyó la destitución de su cargo ni la pérdida o suspensión de sus derechos de participación, penalidades máximas que exige la ley para inhabilitar a un candidato. En su lugar, la sanción obligó al burgomaestre a cancelar una multa pecuniaria establecida en USD 9.200 y a emitir disculpas públicas a la ciudadanía, aplicando un castigo proporcional a la falta cometida.

A este complejo historial jurídico se suman iniciativas previas como el pedido de revocatoria de mandato impulsado por colectivos ciudadanos, acción que también representó un obstáculo legal durante su periodo. Frente a este panorama, la alerta emitida por la máxima autoridad municipal evidencia el tenso clima político que rodeará la próxima etapa de inscripción y calificación de candidaturas para las elecciones seccionales en el país.

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