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El cuerpo de Carlos Suástegui fue entregado a sus familiares mientras el Gobierno cuestiona al sistema judicial

Redacción
junio 19, 2026 2 Min Read
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Ecuador.- El Ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la entrega oficial del cuerpo de Carlos Alberto Suástegui Villanueva a sus familiares para proceder con su respectiva velación y sepelio. Durante su intervención pública, el secretario de Estado rechazó frontalmente los intentos de distorsionar el caso y eximió al Ejecutivo de cualquier responsabilidad sobre la libertad de tránsito que gozaba el occiso, subrayando que la emisión de medidas cautelares o impedimentos de salida del país recae exclusivamente sobre las decisiones del sistema judicial.

La controversia surge tras revelarse que Suástegui, identificado por las autoridades como un cabecilla de alto riesgo de la organización criminal Los Águilas en el cantón El Triunfo, se movilizaba sin ninguna restricción legal. Los registros oficiales desmienten cualquier bloqueo en su contra, evidenciando que entre 2024 y 2026 el procesado realizó seis viajes internacionales hacia destinos como Perú, Colombia, Panamá y República Dominicana. Al momento de su ejecución la tarde del miércoles 17 de junio, retornaba precisamente de una estadía de cinco días en Punta Cana.

Este libre tránsito resulta contradictorio frente al extenso prontuario delictivo que acumulaba el sujeto de 39 años. Los archivos penales detallan procesos previos por delitos graves como asociación ilícita, cargos de asesinato y sentencias por tenencia de armas de fuego no autorizadas. A pesar de este historial, el aparato de justicia no impuso prohibiciones de salida, permitiendo que el catalogado como un objetivo criminal de máximo interés abordara vuelos comerciales de forma regular y sin alertas migratorias.

El violento asesinato de Suástegui se materializó a escasos metros de la puerta de arribos internacionales del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Dos sicarios adolescentes, de 15 y 16 años, lo acribillaron a tiros frente a decenas de pasajeros, desatando el pánico en la terminal aérea. La rápida acción policial en los exteriores del recinto permitió la captura en flagrancia de los menores infractores, a quienes se les decomisó dos armas de fuego empleadas en el ataque.

Frente a la escalada de violencia y la infiltración de redes criminales, el Gobierno exige a los administradores de justicia asumir su responsabilidad constitucional. El Ministerio del Interior sostiene que el trabajo operativo de la fuerza pública, evidenciado en la inmediata detención de los autores materiales de este sicariato, resulta insuficiente si los jueces y fiscales permiten que los líderes de las organizaciones terroristas transiten en total impunidad dentro y fuera del territorio nacional.

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