Asamblea inicia fiscalización por presuntos incrementos patrimoniales de alcaldes y prefectos
Ecuador.- La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional dio inicio al proceso de fiscalización sobre los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos del país. La investigación se desarrolla por disposición del Pleno del Legislativo y busca verificar posibles irregularidades en las declaraciones patrimoniales de las autoridades seccionales, para lo cual la mesa tendrá un plazo de 90 días para presentar un informe con sus conclusiones y recomendaciones.
La fiscalización fue aprobada por el Pleno de la Asamblea el 23 de junio de 2026, mediante una resolución que faculta a la comisión a solicitar información, documentación e informes técnicos, además de convocar a comparecer a autoridades, representantes de organismos de control, especialistas y cualquier persona que pueda aportar al esclarecimiento de los hechos investigados.
El proceso surge tras reportes que evidenciarían variaciones patrimoniales en autoridades locales entre los años 2023 y 2025. Durante la investigación, la comisión podrá requerir información a entidades como la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) para contrastar los datos patrimoniales y financieros de los funcionarios involucrados.
La mesa legislativa, presidida por la asambleísta Lucía Pozo, será la encargada de coordinar las comparecencias y analizar la documentación recopilada. Al término del plazo establecido, deberá remitir al Pleno un informe que incluya las conclusiones obtenidas, así como las observaciones y recomendaciones derivadas de la fiscalización.
Con esta investigación, la Asamblea busca determinar si existen elementos que justifiquen nuevas acciones de control político o el traslado de información a las instituciones competentes. El proceso se mantendrá en etapa de recopilación de información durante los próximos meses, mientras avanzan las diligencias para esclarecer los presuntos incrementos patrimoniales de las autoridades seccionales.
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