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Rafael Correa arremete contra el Gobierno tras suspensión del movimiento Amigo: “Es un atentado contra la democracia”

Redacción
julio 17, 2026 2 Min Read
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Ecuador.- El expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, reaccionó este viernes 17 de julio a la suspensión provisional del movimiento Amigo (lista 16), organización política que serviría de plataforma para la participación de la Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre. A través de su cuenta de X, el exmandatario calificó la decisión como un “atentado contra la democracia” y lanzó duras críticas contra las autoridades judiciales y el Gobierno.

La suspensión fue dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por un período de nueve meses, a petición de la Fiscalía General del Estado, dentro de una investigación por presunto lavado de activos que se mantiene bajo carácter reservado. La medida deja en incertidumbre la participación electoral del movimiento y de la alianza prevista con la Revolución Ciudadana para los próximos comicios.

En su pronunciamiento, Correa cuestionó el accionar de las instituciones del Estado y afirmó: “¿Cómo se puede aceptar tanto descaro? El ‘fiscal’ Alarcón y los ‘jueces’ constitucionales son unos delincuentes al servicio de Carondelet. Esto no es un atentado contra el ‘correísmo’: es un atentado contra la democracia, contra la Patria, contra ti”. Además, sostuvo que las autoridades responsables de la decisión “no tienen vergüenza ni decencia alguna”.

Horas antes, el exjefe de Estado también publicó un mensaje en el que señaló que, a su criterio, se adelantaron ilegalmente las elecciones, se proscribió a la Revolución Ciudadana y ahora se busca impedir la participación del movimiento Amigo. En ese contexto, aseguró que la medida representa “un escandaloso asalto a la democracia” y cuestionó si el país y la comunidad internacional permitirán esa situación.

De acuerdo con la resolución del TCE, la suspensión provisional permanecerá vigente mientras continúa la investigación impulsada por la Fiscalía. Al tratarse de un proceso reservado, la organización política no podrá ejercer una defensa pública durante esta etapa, aunque la medida ya surte efectos en el registro de organizaciones políticas.

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