Ecuador.– El presidente de la República, Daniel Noboa, hizo efectiva la declaratoria de estado de excepción por grave conmoción interna en ocho provincias y tres cantones del país, mediante el decreto ejecutivo correspondiente.
La medida tendrá una vigencia de 60 días y contempla la aplicación de distintas disposiciones extraordinarias para las jurisdicciones incluidas en el decreto.
Toque de queda en El Oro y otras tres provincias
Una de las principales medidas establece la suspensión del derecho a la libertad de tránsito en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, desde el 17 hasta el 30 de septiembre de 2026, entre las 00:00 y las 05:00.
Durante este horario, la circulación estará restringida, con excepciones para determinados sectores y servicios.
Entre ellos se encuentra el personal de los establecimientos y servicios de salud de la Red Pública Integral de Salud y de la Red Privada Complementaria, así como integrantes de las fuerzas de seguridad, entidades complementarias de seguridad y organismos vinculados a la gestión de riesgos, emergencias y desastres.
El decreto establece que los controles deberán realizarse de manera racional y proporcional, considerando las circunstancias particulares y las situaciones de necesidad o emergencia que justifiquen el desplazamiento.
Fuerzas Armadas y Policía
La disposición también determina el empleo de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.
La medida se extiende a los cantones Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.
El objetivo señalado en el decreto es fortalecer la seguridad y el orden público, así como prevenir y contrarrestar actividades criminales y delictivas.
Suspensión de derechos
El estado de excepción contempla además la suspensión temporal de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en las jurisdicciones comprendidas en la declaratoria.
En el caso de la inviolabilidad de domicilio, el decreto permite a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos cuando existan indicios objetivos y razonables relacionados con grupos armados organizados, delincuencia organizada, armas, municiones, explosivos u otros elementos vinculados con infracciones penales.
La norma establece que estas actuaciones deberán sujetarse a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, así como a las garantías del debido proceso y demás derechos reconocidos en la Constitución.
Se garantiza la labor periodística
El decreto señala expresamente que, durante la vigencia de las medidas, deberán garantizarse la continuidad de la administración de justicia, los servicios públicos y los sectores estratégicos.
También establece que se garantizarán las actividades de monitoreo de la Defensoría del Pueblo, el ejercicio de la labor periodística de los medios de comunicación y las actividades de funcionarios de organismos internacionales acreditados en Ecuador, siempre que estas no comprometan la seguridad de las personas ni interfieran con las operaciones de las fuerzas de seguridad.
Requisición de bienes
Finalmente, el decreto dispone la posibilidad de realizar requisiciones temporales de bienes y servicios de origen lícito cuando resulten estrictamente necesarios para las operaciones de las fuerzas de seguridad.
La medida deberá aplicarse únicamente en casos de extrema necesidad y como último recurso. Los bienes deberán ser devueltos una vez satisfecha la necesidad que motivó la requisición o al finalizar el estado de excepción, y cuando corresponda se reconocerá la indemnización equivalente al justo valor.
La aplicación de estas medidas se produce en un contexto en el que el Ejecutivo ha recurrido previamente a estados de excepción como mecanismo para enfrentar situaciones de grave conmoción interna y seguridad. El Registro Oficial registra anteriores declaratorias que incluyeron a El Oro y otras provincias.
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