Asamblea aprueba Ley Antimafias con penas de hasta 60 años para combatir el crimen organizado
Ecuador.- Con 85 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Antimafias, una normativa que busca fortalecer la persecución penal contra las estructuras del crimen organizado, incluidos sus cabecillas, financistas y colaboradores. La propuesta, respaldada por la bancada de ADN, recibió el rechazo de los 61 legisladores de Revolución Ciudadana y contempla, en determinados casos, la acumulación excepcional de penas de hasta 60 años.
La normativa amplía el alcance de las investigaciones y responsabilidades penales más allá de quienes ejecutan directamente delitos como sicariato o extorsión. También apunta a quienes dirigen, financian, integran o colaboran conscientemente con organizaciones criminales, con el propósito de desarticular las redes que sostienen sus actividades ilícitas.
El asambleísta Jimmy Blacio defendió la aprobación del proyecto y sostuvo que la lucha contra las mafias debe alcanzar a quienes organizan y financian las operaciones delictivas, no únicamente a quienes las ejecutan.
“No basta con capturar al que dispara. Hay que llegar al que paga, al que ordena, al que mueve el dinero y al que mantiene funcionando el negocio criminal”, manifestó el legislador.
Entre los mecanismos contemplados en la normativa constan herramientas de cooperación eficaz para alcanzar a los mandos de las organizaciones, la recuperación de bienes vinculados con actividades criminales y medidas de protección para jueces que conocen procesos relacionados con delincuencia organizada.
Tras la votación, Blacio cuestionó la postura de los 61 asambleístas de Revolución Ciudadana que rechazaron la propuesta. El legislador consideró contradictorio exigir respuestas frente a la inseguridad y votar en contra de una normativa que, según señaló, proporciona nuevas herramientas al Estado para combatir las estructuras criminales.
La aprobación de la Ley Antimafias representa un nuevo instrumento legislativo dentro de la política de seguridad impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa. La normativa busca que las investigaciones y sanciones alcancen a todos los integrantes de las organizaciones delictivas, desde quienes ejecutan los ataques hasta quienes sostienen financieramente sus operaciones.
Tras su aprobación en el Legislativo, el proyecto será remitido al Ejecutivo para el trámite constitucional correspondiente.
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