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Diálisis en crisis: exigen claridad sobre el plan de pagos del Gobierno

Redacción
febrero 25, 2025 3 Min Read
18 0

Ecuador.-  El presidente Daniel Noboa aseguró que se pagará semanalmente a las dializadoras e insinuó que existe corrupción y vínculos con funcionarios “correístas”.
La crisis en el sistema de salud ecuatoriano ha llevado a pacientes renales a organizar plantones pacíficos en varias ciudades. El pasado 21 de febrero, frente al Palacio de Carondelet, se exigió el pago de la millonaria deuda que el Estado mantiene con las clínicas dializadoras, vitales para la atención de miles de ecuatorianos.

Deuda acumulada:

  • Ministerio de Salud: USD 200 millones
  • Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): USD 90 millones

Según Gabriela Álvaro, paciente renal, existen 110 clínicas en Ecuador que atienden a 24.000 pacientes, de los cuales al menos 10.000 se ven gravemente afectados por la falta de pagos.

Respuesta del gobierno

El Ministerio de Salud informó que en enero y febrero se abonaron USD 4 millones a 37 clínicas dializadoras. En entrevista el 25 de febrero, el presidente Daniel Noboa afirmó que su administración implementará pagos semanales y que, en las próximas tres semanas, se realizará un desembolso importante para reducir la deuda.

“Nosotros no es que no queremos pagar, solo hay que dejar las cosas muy claras. Tenemos que tener orden, estructura y un flujo adecuado para ello”, señaló el mandatario.
Además, Noboa insinuó que algunas clínicas podrían estar vinculadas a funcionarios del correísmo y que se manipula la información sobre la crisis del sector.

La incertidumbre de las clínicas dializadoras

Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, refutó las declaraciones oficiales y aseguró que el sector se encuentra en total incertidumbre.

“Nos encantaría conocer el plan de pagos del Gobierno, porque hasta ahora todo es un juego de palabras. A finales de 2024 nos pidieron facturas con la esperanza de pago en enero, pero no solo que no pagaron, sino que anularon esas facturas”, denunció.

Según Freire, el monto de USD 4 millones que el Gobierno dice haber pagado solo alcanza para una semana de atención y no cubre la demanda mensual de USD 13,5 millones que requieren los 7.000 pacientes derivados de la red pública de salud.

Además, el supuesto pago semanal al que se refirió Noboa no ha sido comunicado oficialmente a las clínicas.

“Muchas cosas han quedado en palabras. Hemos pedido reiteradamente reuniones con el Ministerio de Salud y Finanzas para buscar soluciones reales, pero hasta ahora no hay un compromiso concreto”, enfatizó Freire.

La corrupción no se puede generalizar

Cristina Freire, afirmó que las acusaciones del presidente Daniel Noboa, no reflejan la realidad del sector y que, aunque la corrupción puede existir en cualquier ámbito, no debe generalizarse ni afectar a todos los prestadores de servicios.

La representante pidió que el presidente investigue y exponga a las personas o empresas que estarían involucradas.

Para Freire, la acusación generalizada no solo afecta a los dueños de las dializadoras, sino también al personal y, sobre todo, a los pacientes renales.

¿Cuánto cuesta una diálisis?

En relación a los precios de la diálisis, Freire explicó que el valor de USD 1.456 por tratamiento es un monto establecido hace más de diez años en los convenios con el Ministerio de Salud Pública.

«Nosotros no estamos cobrando sobreprecio, ni podemos modificar ese precio de ninguna manera», afirmó.
Freire detalló que ese monto cubre no solo el tratamiento de hemodiálisis, sino también los costos asociados al manejo de enfermedades subyacentes como hipertensión y diabetes, así como los controles médicos necesarios.

Noboa ofrece fortalecer unidades públicas de diálisis

Daniel Noboa mencionó que el gobierno está trabajando en mejorar las unidades públicas de diálisis para evitar las derivaciones a clínicas privadas.

«Se afectaba la salud pública, se dañaban los hospitales del Estado y todo terminaba cayendo en derivación», expresó.

Freire aseguró que su sector no tiene inconveniente en que el Estado establezca sus unidades, pero pidió que se respeten los convenios existentes, para que los pacientes sigan recibiendo la atención que necesitan sin que se interrumpan los tratamientos debido a problemas económicos.

Pacientes continúan en lucha por sus derechos

A pesar de que el Gobierno asegura que los pagos se están realizando, pacientes como Margarita y María, quienes participaron en el más reciente plantón, afirman que la situación sigue siendo insostenible. Denuncian que en protestas pasadas fueron desalojados con gas lacrimógeno y que las promesas de pago no han ido más allá de meros discursos.

Las estadísticas son alarmantes: en 2024, más de 1.000 pacientes renales fallecieron por falta de tratamiento.

Fuente: Radio Pichincha

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