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Muentes lideraba la estructura criminal, según fiscal Diana Salazar

Redacción
marzo 6, 2024 2 Min Read
18 0

Ecuador.- Cientos de chats y audios encontrados en el teléfono de Mayra Salazar, hicieron que la fiscal general, Diana Salazar, llegue a esa conclusión.

La clave del caso Purga para descubrir la corrupción que operaba en la Corte de Guayas fue Mayra Salazar, ella está presa y procesada en el caso Metástasis por colaborar con la red del narcotraficante asesinado Leandro Norero.

Según los cargos fiscales, el exasambleísta Pablo Muentes la puso en la Corte como publicista a órdenes de la presidenta Fabiola Gallardo.

En la casa de Muentes se negoció su salario por USD 2500 mensuales que durante meses pagaron, de su bolsillo, Gallardo y el exlegislador, quien a través de eso influyó para que Gallardo ganase las elecciones de presidencia de la Corte Provincial del Guayas.

Gallardo aseguró que la contratación de Salazar no fue decisión de ella sino llegó desde Quito por el Consejo de Judicatura, y que la relación laboral empezó el 1 de octubre de 2023.

Es que más adelante, Wilman Terán, entonces titular de la Judicatura y ahora procesado, le otorgó un contrato y pretendía darle nombramiento, relató la fiscal general durante la audiencia de la madrugada de este martes 5 de marzo.

Mayra Salazar negociaba con los jueces de Guayas y también servía a Muentes como operadora de cuentas troll para publicar sus mensajes.

Manejaba un troll center para beneficiar a Gallardo, dice la fiscal, por órdenes de Pablo Muentes, y que posteriormente aprendió cómo funcionaba el sistema de sorteos de causas para usarlo a su favor.

Con ello, Mayra Salazar habría tenido como objetivo instrumentalizar una dinámica criminal en la Corte, controlar las acciones judiciales y administrativas.

El Ministerio Público argumenta que así intervinieron en casos como una acción de protección con medida cautela presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas de Quito, por un contrato de entidades públicas por USD 30 millones. Fuente: Ecuavisa 

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