Derecho humano de acceso a la información pública
Ecuador.- La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) es el instrumento legal que proporciona las directrices para el pleno ejercicio del derecho constitucional de acceso libre a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.
En este sentido, la LOTAIP, constituye un mecanismo de exigibilidad del derecho humano de acceso a la información pública por parte de todas las personas sin excepción.
Esta normativa actual, de cumplimiento obligatorio para todos los sujetos obligados establecidos en el artículo 8 de la LOTAIP ha incorporado importantes aspectos en cuanto al enfoque, pues según la LOTAIP de 2004 el Estado era el centro de la gestión pública; mientras que según la LOTAIP 2023 ubica a los pueblos y nacionalidades, y población en general como el centro del quehacer de la gestión pública en el país.
De la misma forma, la LOTAIP 2004 tuvo como fundamento la modernización del Estado y la actual LOTAIP 2023 se centra en la gobernanza y el Estado Abierto. Las fortalezas de la actual ley están basadas en los datos abiertos y la inteligencia artificial que trasciende de manera extraordinaria para la difusión de la información que se genera y custodia con recursos públicos.
En la LOTAIP 2004 únicamente se disponía la difusión de la información pública a través de los mecanismos de las transparencias de primera generación (transparencia activa y transparencia pasiva); sin embargo, en la actual LOTAIP 2023, incluye a las transparencias de segunda generación (transparencia focalizada y transparencia colaborativa).
De esta forma, la LOTAIP 2023, además de establecer la obligación de las instituciones del sector público y de los demás sujetos establecidos en esta Ley, respecto de publicar de forma permanente la información actualizada, suficiente y relevante, sin que sea necesario requerimiento alguno; así como la obligación de responder a solicitudes de información pública.
También establece la obligación de publicar información que surja de espacios de colaboración en los que la ciudadanía presente sus necesidades de información en base a sus demandas e intereses, bajo los principios del gobierno abierto y el Estado abierto, y publicar de manera proactiva información y datos adicionales que puedan ser requeridos desde la ciudadanía.
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